Para mis amigos, compartiendo opiniones, con la misma tristeza de Julio Maier, les acompaño tres textos muy actuales; como viejo y como padre de dos hijas abogadas a las que eduqué en los mismos principios
Los quiero y respeto a todos y cada uno
Don Singulario
Don Singulario
Carta sobre política y derecho
Querido Raúl:
Quiero agradecerle su afectuosa respuesta y los elogios desproporcionados hacia mí que ella contiene. De paso, también debo agradecerle al editor que osó colocar mi fotografía al lado de la de Rudolf von Ihering. Ni siquiera he releído mi nota de opinión publicada por Página/12 el día lunes 5/9, que Usted contesta, pero intuyo por sus palabras que he exagerado el pesimismo teórico que me caracteriza y siempre he confesado. En el punto central de nuestras notas, la dependencia del orden jurídico de la política, estoy plenamente de acuerdo con Usted. Sucede algo similar a aquello que, quizás en contra de la opinión de quienes se sitúan como especialistas, pregonaban sobre la economía nacional quienes gobernaron nuestro país en la llamada “década ganada” o “década perdida”, según el grupo político al que pertenece el apodo. Ni vale la pena confesarle cuál es mi opinión, pues Usted la conoce: mientras los economistas tradicionales de nuestro país, el llamado establishment, estiman manejar una ciencia dura, casi una verdad matemática o lógica, pese a la experiencia histórica, y a suponer que sus instituciones básicas no son creación humana sino que responden –por copiar palabras de su respuesta– a la naturaleza de las cosas, yo estimo, como aquellos gobernantes del pasado, que, en un Estado soberano, la política debe dirigir o es presupuesto de las decisiones económicas. Con más razón aun el Derecho es política, como Usted lo dice bien. Eso quise decir al definir Derecho como poder, aun cuando reconozca que me pasé de la raya al ignorar toda su tradición política libertaria, humanitaria.
Reduciendo el ángulo de visión al Derecho penal, siempre creí y así lo indiqué por escrito que nuestra generación de juristas pertenece –esto es, tanto Usted como yo y otros más que no menciono– a aquella visión que observaba al Derecho penal como presidido por sus consecuencias, visión que significa exactamente lo mismo, según mi apreciación, que aquello que Usted indica para el Derecho en general: el Derecho es, ha sido y será política, si se quiere, formalizada, cristalizada en mandatos, prohibiciones, permisiones y sus efectos. Lo que conmueve mi ánimo no está representado por esta afirmación, con la cual coincido a pie juntillas, sino que se refiere, quizás sin demasiada claridad y, por supuesto, herido por mi pesimismo característico, a la práctica actual del Derecho o, si lo desea, a su aplicación por órganos predeterminados y a sus efectos en el mundo real.
El problema, ahora reducido, consiste en conocer o, como Usted dice, en saber qué ideal expresa el Derecho. Yo huelo que esa aplicación, que implica poder real sobre súbditos, carece hoy de límites precisos, conforme a los ejemplos que menciono en mi nota, los límites que, por ejemplo, yo procuro al leer su Derecho penal y que yo intenté descifrar en mi Dpp. De más está decir que acepto cierto ámbito de juego, opiniones disímiles respecto de algún punto, pero eso no quiere significar una franja tan amplia de interpretación que equivalga a expresar aquello que al intérprete se le ocurra por responder a su propio ideal, a su conveniencia o a su interés. Dije, quizás erróneamente, inservible, adjetivando al Derecho, pero inmediatamente corregí según recuerdo, servible para cualquier propósito? cabe preguntarse si inservible para algo o para alguien o servible para todo o para todos a voluntad no significan lo mismo. De todos modos, mis ejemplos aluden a casos en los cuales, precisamente, quienes aplican el Derecho, senadores, jueces, gobernadores, han utilizado institutos jurídicos delicados fuera de todo límite, sin reparar en interpretaciones cuando menos discretas. La prisión de Milagro Sala y de sus colaboradores de la organización Tupac Amaru a título de encarcelamiento preventivo, por varias razones, el juicio político brasileño a su presidenta, por los fundamentos del jurado, pero no sólo por ello, la derogación por decreto o agazapada detrás de ardides de leyes del Congreso de la Nación o de políticas públicas ya aceptadas por mayorías sin discusión, la increíble imputación del delito de traición a la patria, según Usted mismo lo explicó en otra contratapa de Página/12, son claros ejemplos de aquello que me perturba.
Ya ve Raúl, no me rindo pero lucho desigualmente cuando acepto proceder racionalmente, “conforme a Derecho”, frente a otros que operan libremente, dándole a las instituciones y a las palabras de la ley el significado que más les conviene. De todos modos Usted, como otros, me ayudan a vivir esperanzado en gozar de un mundo mejor, más igualitario.
Atentamente y con el cariño de siempre,
Julio Maier
Julio Maier
* En respuesta a la carta de Raúl Zaffaroni, publicada en la contratapa de este diario el 7 de septiembre.
A PROPOSITO DE LA OPINION DE JULIO MAIER
El derecho es lucha
Por Raúl Zaffaroni *
En la canción de Tom Jobim que usted, Julio Maier, cita en su columna de opinión publicada el lunes 5 en Página/12, la felicidad tiene fin y la tristeza no. Pero en el derecho ninguna de ellas lo tiene, porque hay momentos de avance y otros de retroceso. A veces pierde la pulsión hacia la dignidad de la persona.
Pero calma, Julio. Usted no desperdició su vida ni mucho menos. Siempre empujó en la dirección correcta, como el más distinguido teórico del derecho procesal penal de toda la región.
Creo que –como tantos otros– hizo prosa sin quererlo porque luchó y lucha, y siempre el derecho es lucha. Para los trogloditas conviene aclarar que no lo dijo Marx, sino Rudolf von Jhering.
No puede ser de otro modo, porque el derecho siempre es político. Escribimos para que los jueces nos hagan caso en sus sentencias. Los jueces son un poder del Estado, cada sentencia es un acto de gobierno y, como tal, el derecho nunca puede ser neutro respecto del gobierno de la polis, jamás puede ser no ideológico, porque siempre expresa una cosmovisión, un sistema de ideas. La cuestión está en saber qué ideas expresa.
Usted siempre estuvo de un lado, luchando por un derecho que tratase a todo ser humano como persona. ¿Acaso pensó no encontrar resistencia en esa lucha? ¿Creyó que alguna vez y por un rato no nos torcerían la mano en la pulseada?
Querido Julio: sus propias ideas provienen de anteriores luchas. De Túpac Amaru y los comuneros, de los quilombos, de los héroes de la Independencia, de las burguesías europeas del siglo XVIII, de nuestros caudillos federales, de los movimientos populares latinoamericanos, de conflagraciones con millones de muertos. Siempre los derechos resultaron de luchas políticas y les dieron forma a sus logros.
Es verdad que hay traidores que quieren detener la dinámica de la historia para degradar al ser humano, como tampoco faltan escribas que con tales fines corrompen los más nobles conceptos jurídicos.
Si bien esto es particularmente indignante en una región con cientos de miles de víctimas del subdesarrollo y del colonialismo financiero transnacional, lo cierto es que en todos los tiempos hubo mercenarios dedicados con empeño a estos despreciables menesteres. Nunca faltaron los ingenuos y perversos que quisieron reducir el derecho a una técnica neutra, pretendiendo que el maloliente producto de su olla de bruja sea útil tanto a las democracias como a las dictaduras criminales. Para eso se eleva la lógica a ontología y se fabrica un complejo aparataje funcional a la concentración de riqueza.
Pero usted, querido Julio, nunca fue un aséptico teorizador de algo tan despreciable que pueda servir tanto como tostadora para el desayuno o como instrumento de tortura del vecino.
No Julio, usted no desperdició la vida, ni tampoco el derecho es algo inservible: es el medio necesario para empujar la política de respeto a la dignidad humana, en la lucha en que usted participa como pocos, con su saber y su pasión y, más aún, con su ejemplo de vida.
Pero así es la vida del derecho: no tiene fin, ni en sus logros ni en sus fracasos. Es un unfinished, siempre en lucha, dinámico y, sobre todo, partisano, jamás neutro. No es posible ser neutral ante la negación de la dignidad humana, y es necesario ser partisano para luchar por su avance en la historia.
¡Vamos, Julio! ¡Todo jurista es político! Proyectamos jurisprudencia y actos de gobierno de la polis. No se niegue como político y, por ende, no lamente que el derecho sirva a la política, porque conforme a la naturaleza de las cosas no puede ser de otro modo.
La cuestión es hacerlo consciente y saber en todo momento que se responde a una política humana y no a una inhumana. Estamos del lado del derecho humano, pero sabemos que enfrente tenemos un derecho inhumano.
Julio, ¡bienvenido a la lucha en que siempre estuvo!
* Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ex miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. (Página /12 - 7 de setiembre de 2016)
Tristeza não tem fim
Por Julio Maier *
Desconfío actualmente del Derecho, del orden jurídico y de sus instituciones prácticas. Esa falta de confianza comprende también a los operadores jurídicos, los jueces y funcionarios judiciales, los abogados y hasta los docentes en Derecho, y a los principios que adornan esos oficios, de modo genérico, esto es, sin intención alguna de injuriar a alguien en particular. Me pregunto yo a mí mismo: ¿cómo pude edificar mi vida alrededor de esta profesión y de sus instituciones? Una de mis conferencias, originada en una conversación con bachilleres con vocación de juristas, versaba sobre “¿Para qué sirve el Derecho?”. Hoy debería escribir lo contrario: el Derecho es inservible, al menos para los fines magnánimos para los cuales yo lo concebía. Es un mecanismo de dominación, de exclusión.
En efecto, a la vejez viruela, he venido a experimentar que no hace falta una intervención violenta, armada, contra las instituciones democráticas para anularlas en un santiamén. Nunca pude imaginar –a pesar de las amenazas pronunciadas y de la conciencia de que no todo estaba antes “bien hecho”– a un gobierno que en el mejor de los casos ganó una elección por un mínimo porcentaje de votos, en segunda vuelta y con todavía menor participación parlamentaria, en cuestión de horas o días podía desvalijar el trabajo de más de una década, regresar a épocas pasadas, ya transitadas y con resultados más que desastrosos para la población, todavía persistentes. Sirvan de ejemplo, en nuestro país, la derogación práctica, por decreto administrativo, de una ley de medios audiovisuales elaborada en años y alabada universalmente, la cercenación de los fondos sustentables de jubilaciones y pensiones universales y de otros beneficios sociales, el derrumbe de la paciente elaboración –de mayor antigüedad aún– de un mercado regional (Mercosur) y la trágica falta de aplicación de una de sus leyes básicas respecto de su administración (que sólo la R. O. del Uruguay, aparte del país excluido, osó defender como vigente e insustituible por otra solución ilegítima, de conformidad con la norma internacional de creación), el desmantelamiento de medios y oficinas estatales de auxilio para el juzgamiento de crímenes contra la humanidad, el reconocimiento inmediato, casi anticipado, de un gobierno de un país vecino, socio principal integrante del Mercosur, surgido de aquello que calificadas opiniones titulan como “golpe de Estado blando” –opiniones quizá discutibles pero nunca ignorables–, la pérdida de soberanía política y económica a favor de otro país dominante y su área de influencia, que incluye a los organismos financieros globales (FMI, Banco Mundial), el regreso de la desocupación de dos dígitos, alimentada por la propia administración pública (despidos masivos sin fundamento), de la inflación de porcentajes estratosféricos, del dólar como moneda nacional de ahorro y exportación de capitales, la calificación de inservible del Derecho laboral y sus convenciones colectivas, en fin, sólo unos pocos ejemplos de lo visto en medio año de gobierno. Más tristemente aún: todo ello contó con la colaboración –cuando no traición– de la oposición parlamentaria, incluso de parte del grupo político antes gobernante, que expresa verbalmente una cosa y hace otra, y con la cuasiomisión de las autoridades de la mayoría de las organizaciones sindicales. Pero, además, se reprime a organizaciones sociales como la Tupac Amaru, integrada por pueblos originarios, a la que se rotula como asociación ilícita, y se priva de libertad a sus dirigentes y colaboradores por la tamaña felonía de demostrar públicamente contra el gobierno.
A ello se suma lo sucedido ahora en Brasil, la mayor potencia económica, territorial y de población de nuestra América meridional, suceso anticipado en Paraguay y en Honduras a manera de ensayo: la utilización formal de un mecanismo constitucional de excepción como regla, para sustituir a una jefa de gobierno, que presidía el país votada por una inmensa mayoría del pueblo, sentencia de un tribunal integrado por legisladores elegidos popularmente, senadores nacionales, incluso algunos de ellos de la coalición política gobernante y varios sospechados formalmente por corruptos, cuasiconfesos de que la imputación contra la jefa de gobierno era inexistente o, cuando menos, no se había demostrado o no justificaba la condena. De nuevo era trágico, pero risible, payasesca, la exposición de fundamentos de los condenantes, la mayoría de los cuales no sólo no se atenía a la imputación deducida, objeto de la defensa practicada por la propia jefa de gobierno, sino que, antes bien, con claridad, ignoraba por completo la imputación deducida contra ella. Tan es así que no se alcanzó mayoría para condenar a la acusada a la pérdida de sus derechos políticos, sanción prevista en el ordenamiento jurídico-constitucional brasileño; sólo fue sustituida en su cargo de presidente del país.
Esto me afirma sin más en mi condena al Derecho como inservible o, mejor aún, servible a gusto y paladar de quien lo aplica prácticamente, sin reglas hermenéuticas claras y precisas, abierto a cualquier interpretación según los ideales (¿?), la necesidad o el interés de quien juzga. Un instrumento como éste no “hace justicia” en sentido alguno, sólo aplica poder, de modo similar a la violencia física, sin vergüenza o, mejor, sinvergüenzas o “canallas”, como dijera el legislador que señaló a uno de los condenantes con el dedo, según informó en este mismo diario un periodista brasileño, Eric Nepomuceno. Así sucede también en la vida común, fuera del ámbito político. Para muestra basta un botón: observen la imputación de fiscales y una organización social a la presidenta anterior y a su canciller por “traición a la patria” o, si les resulta mas sencillo, visiten una cárcel.
* Profesor titular consulto de DP y DPP, UBA.
